Te explicamos a quién afecta y qué hacer ahora, según la información oficial. El Gobierno de España está impulsando una regularización extraordinaria de migrantes sin papeles, prevista para iniciar su tramitación formal en abril de 2026 tras la aprobación de un Real Decreto. Esta medida nace del acuerdo del Ejecutivo con varios grupos parlamentarios y busca reconocer legalmente a cientos de miles de personas que llevan años viviendo en España sin estatus migratorio regular. La regularización en España introduce cambios para hijos de migrantes.
La regularización se dirige a quienes estaban físicamente en España antes del 31 de diciembre de 2025 y pueden demostrar que han vivido de forma continuada al menos cinco meses antes de esa fecha. También se amplía a quienes hayan presentado solicitud de protección internacional (asilo) antes de ese mismo día, aunque pueden quedar sujetos a evaluación según el procedimiento de extranjería.
Para acreditar la permanencia en territorio español, se aceptarán documentos públicos o privados que prueben la estancia, como certificados de empadronamiento, informes de citas médicas, contratos de alquiler o facturas de servicios, justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte. La variedad de documentos amplía la posibilidad de demostrar la estancia, especialmente para quienes han vivido tiempo en España sin permiso formal.
Un requisito clave para poder acogerse a este proceso es no tener antecedentes penales ni representar un riesgo para el orden público, lo que es evaluado tanto en España como en el país de origen si se aportan certificados correspondientes.
El proceso se abrirá oficialmente entre principios de abril y el 30 de junio de 2026, y la Administración tiene previsto responder a las solicitudes en un plazo de hasta 15 días desde su presentación, aunque el trámite completo puede extenderse hasta unos tres meses. Durante ese tiempo, quienes presenten la solicitud pueden comenzar a trabajar y residir provisionalmente, con acceso a derecho a trabajar en cualquier sector y a servicios básicos como la sanidad pública.
Respecto a los hijos e hijas de migrantes, aunque las normas oficiales no dedican un capítulo exclusivo a la situación de los niños en este proceso, la mayoría de guías legales y análisis especializados sobre extranjería indican que los menores residentes en España pueden recibir su propia autorización de residencia como parte del procedimiento familiar o de regularización, con una tarjeta que puede tener una vigencia más larga que la de sus progenitores adultos.
Esto significa que **si un hijo o hija menor está irregular en España pero cumple los criterios generales del proceso (estar presente en el país antes de la fecha límite, sin antecedentes penales y con prueba de residencia continuada), puede obtener una tarjeta de residencia por cinco años según lo previsto en la normativa que acompaña el proceso extraordinario.
Los hijos mayores de edad, en cambio, están sujetos a los mismos requisitos generales que los adultos: deben haber residido en España antes del 31 de diciembre de 2025 y demostrar al menos cinco meses de estancia continuada. No existe una regularización automática por el simple hecho de ser hijo de un padre o madre que solicite el procedimiento, aunque la convivencia familiar y vínculos fuertes pueden considerarse en evaluaciones migratorias ordinarias (como la reagrupación familiar) fuera de este proceso extraordinario.
En términos de beneficios prácticos, este proceso puede suponer una oportunidad para que muchas familias de migrantes —incluidos cubanos— obtengan papeles y estabilidad legal, accedan a empleo formal, inscriban a sus hijos en servicios sociales y educativos sin riesgo de procesos de expulsión, y eviten situaciones de precariedad por falta de permisos.
Finalmente, es importante recordar que esta medida no cambia de forma automática la situación de todos los hijos de migrantes: cada persona (menor o adulto) debe cumplir los criterios descritos y presentar la solicitud dentro del plazo habilitado.
